La toma
de Qusair, en la frontera con Líbano, se considera un punto de inflexión en el
conflicto sirio
Bachar El Asad en su despacho en
Damasco, el pasado miércoles. / - (AFP)
Tantas veces se había dado por segura la caída
de Bachar el Asad en Siria, que los recientes éxitos bélicos de su
Gobierno en la guerra civil que consume al país han sorprendido a las potencias
occidentales, que nominalmente apoyan a los rebeldes, sin planes de acción
inmediatos. En numerosas instancias, oficiales de la Casa Blanca, el Pentágono
y el departamento de Estado norteamericanos habían dicho que el desmoronamiento
del régimen era solo cuestión de tiempo. Pero después de 27 meses de conflicto,
El Asad no solo está en el poder, sino que la semana pasada logró retomar la
estratégica localidad de Qusair en la frontera con Líbano, y su Gobierno ha
avanzado en días recientes que ahora se dispone a retomar la ofensiva contra el
bastión rebelde de Alepo.
Según estimaciones del Gobierno francés, a
finales de mayo Hezbolátenía entre 3.000 y 4.000 hombres luchando en
Siria, la mayoría en la ofensiva contra Qusair. Los líderes de esa milicia,
como el jeque Hasán Nasralá, han dejado de esconder su apoyo material y directo
a El Asad, y ahora admiten, en discursos públicos, que su futuro y
supervivencia se juegan en la guerra civil Siria. Si cayera El Asad caería una
parte central del eje de poder chiita que une Teherán con Líbano a través de
Damasco, controlado por la minoría alauí, que es una derivación del chiismo.
“Ciertamente, en los pasados días se ha visto un
punto de inflexión en el conflicto sirio. Pero dudo de que ese sea el final de
la historia, pronto puede llegar otro punto de inflexión que vuelva a invertir
las tornas. Los recientes avances del régimen implican que ahora los poderes
externos occidentales prestarán un apoyo más decidido a la oposición, incluso
con armamento”, explica David Pollock, analista en el instituto Washington
sobre Política de Oriente Próximo. “Y aun así, puede que el suministro de armas
a los opositores no sea suficiente, y que vuelva a dejar las cosas en punto
muerto, y pronto otras voces pedirán otras medidas, como la imposición de una
zona de exclusión aérea”.
En marzo de 2011, cuando la revuelta en Siria
estaba en su infancia, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una
zona de exclusión aérea en Libia, que la Alianza Atlántica se encargó de
imponer. Aquello dejó al régimen de Muamar el Gadafi sin la capacidad de
emplear sus defensas aéreas, y permitió, a la larga, una victoria de los
opositores.
El Ejército sirio ha intensificado notablemente
en semanas recientes el uso de helicópteros y aviones de combate. Según un
informe elaborado por la inteligencia norteamericana, solo en mayo hubo al
menos 500 ataques aéreos contra posiciones rebeldes. El régimen emplea también
aviones para mover en su territorio no solo material bélico, víveres y
soldados, sino también guerrilleros extranjeros. Entre estos últimos se hallan
milicianos del grupo libanés Hezbolá y combatientes chiítas llegados de Irak.
En los pasados días ha habido frecuentes traslados de milicianos en helicóptero
a la provincia de Alepo, donde el Gobierno ha avanzado que podría centrar su
próxima ofensiva.
A nivel interno, el Gobierno sirio se
ha valido en parte de las unidades más preparadas de sus fuerzas armadas, como
la Cuarta División Acorazada, la Guardia Republicana o las Fuerzas Especiales.
Según la estimación más reciente del Instituto de Estudios Estratégicos, sus
efectivos se han visto reducidos a la mitad desde que comenzara el
levantamiento, mermados por defecciones y bajas. Hoy, el núcleo duro de las
fuerzas armadas de El Asad, sus soldados leales, no supera los 50.000. Pero a
ellos hay que añadir a los hasta 60.000 milicianos que forman parte de diversos
grupos paramilitares.
Sobre todo, El Asad ha
empleado a la milicia shabiha, formada en los años 80 del siglo pasado y
compuesta en su mayoría por miembros de la comunidad alauí, a la que pertenece
la familia del propio presidente El Asad, y los llamados comités populares,
creados como grupos armados de autodefensa en comunidades partidarias del
régimen. Según un informe de la Organización de Naciones Unidas de mayo,
“recientemente, el régimen ha comenzado a integrar a los Comités Populares y
otros grupos simpatizantes en una nueva fuerza paramilitar llamada Fuerzas de
Defensa Nacional, institucionalizando a las milicias existentes y
organizándolas con una estructura operativa”.
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