Menos mal que no votamos a los comunistas

Al final no lo hicimos. De la que nos hemos librado

Pascual Serrano (eldiario.es)

19/12/2013 - 20:47h

En la vivienda situada en la calle Ofelia Nieto se logra evitar el desalojo. / Olmo Calvo

No votéis a los comunistas porque, cuando gobiernen, os quitarán vuestras casas ("Un desahucio cada 15 minutos").  Nacionalizarán las compañías eléctricas y os subirán el recibo de la luz ("El recibo de la luz se disparará más de un 11% en enero"). Se gastarán todo el dinero de vuestros impuestos en nacionalizar los bancos ("El Gobierno destina otros 41.000 millones de dinero público para ayudar a la banca. Los avales del Estado pasan de 217.043 a 258.000 millones"). Y arruinarán a los pequeños empresarios impidiendo que se puedan financiar "(La financiación a las empresas desciende un 10% y también toca mínimos de toda la crisis").

El comunismo corrupto utilizará los bancos donde tenga influencia para dar préstamos a sus amigos o familiares ("Recarte se interesó en Caja Madrid por una operación denegada a unos socios suyos de Libertad Digital"; "Bankia cede la gestión de su negocio inmobiliario al fondo buitre del hijo de Aznar"; "Blesa negoció un contrato de intermediario para Aznar en una empresa armamentística").

Como resultado de todo ello, vendrán tiempos de pobreza y hambre ("La crisis obliga a 'millones de personas' a alimentarse de la basura, según la Fadsp").

Además, os quitarán las libertades, como hicieron en Rusia, os multarán si os manifestáis ("Multas de 600.000 euros por convocar una protesta en Twitter ante el Congreso") o incluso comprarán un camión para disolver con chorros de agua las manifestaciones ciudadanas "(La Policía comprará un camión antidisturbios lanza agua") .

Por supuesto, los comunistas intentarán controlar a través del Estado tu vida privada y tus principios morales ("150 organizaciones suscriben un pacto contra la reforma de la Ley del Aborto"; "La asignatura de Religión 'resucita' en las aulas").

Menos mal que, al final, no votamos a los comunistas. De la que nos hemos librado.

La transición autonómica

Rafael Reig

16/12/2013 - 20:23h

eldiario.es

Tiene razón, da mucha vergüenza que tanto el PSOE como el PP se empecinen en prohibir que un gobierno autónomo consulte a sus ciudadanos. Sobra decir que, en lugar de poner obstáculos, cualquier presidente de Gobierno demócrata debería facilitar esa consulta con todos los medios a su alcance. Las convicciones democráticas de Zapatero y Rajoy no es que sean titubeantes, no parecen existir: ambos están en contra de la democracia con la misma contundencia.

Por otra parte, si esa consulta es ilegal, mejor que mejor, es como debe ser, ¿no le parece? ¿Acaso alguna declaración de independencia se hace dentro del marco legal del Estado del que un territorio quiere independizarse? ¿Alguien se imagina a América, en el norte o en el sur, independizándose de acuerdo con las leyes de la monarquía inglesa o la española? No, eso no se lo imagina nadie, porque no tiene ni pies ni cabeza y no se le ocurre ni al que asó la manteca.

Un momento, sí que hay un precedente, ¡cómo no he caído antes en la cuenta!: la llamada transición española. Pasaron de una dictadura a una democracia sin romper las leyes de la dictadura. Pintoresco y triste. Así nos ha ido, claro, y por eso tenemos una democracia limitada, vigilada e intervenida. ¿Es eso lo que pretenden los catalanes, una transición de la autonomía a la independencia inspirada en la transición española? Pues entonces conseguirán lo mismo: una independencia limitada, vigilada e intervenida. Una democracia verdadera necesita la ruptura con el régimen dictatorial y, por supuesto, declarar abolido e ilegítimo todo su marco legal. El consenso y la reforma sólo propician una democracia de pésima calidad, en la que un ministro del dictador puede ser “padre de la Constitución”. La independencia verdadera no se negocia con el Estado del que un territorio se quiere independizar, pues no faltaba más, se proclama y ya está. Unilateralmente, por supuesto. Si antes se quiere llevar a cabo una consulta, no hace falta pedir permiso, y que sea ilegal para el Estado central no tiene la menor importancia.  Por lo tanto, sólo cabe concluir que estos tipos en Cataluña no tienen interés en una independencia verdadera. O no tienen de verdad interés en la independencia. Lo que quieren es obtener beneficios asustando a los timoratos patriotas españolistas que al parecer creen que España es "una unidad de destino en lo universal". En ese sentido, la transición autonómica será lo mismo que la española: una simple transacción para beneficiar a los mismos de siempre.

Cinco datos que no hay que olvidar sobre el caso Blesa

Ni Caja Madrid era una caja más ni Miguel Blesa es un banquero más. El amigo íntimo de Aznar, de nula experiencia financiera, nos dejó en herencia la quiebra financiera del país. No hay nadie en España que no sea afectado directo de lo que pasó en Caja Madrid. 

Ignacio Escolar

16/12/2013 - 21:02h

eldiario.es

1. Caja Madrid no era una caja más. Fue la primera de las siete novias agrupadas en Bankia, una boda que terminó en funeral. De herencia nos dejó el mayor agujero de la historia financiera española: un pufo de 22.000 millones de euros que provocó el rescate y la intervención de la troika. No hay un solo español –no sólo los de las preferentes– que no sea afectado directo de esta quiebra. Todos los ciudadanos, nuestros hijos, nuestros nietos, pagarán durante años por lo que allí sucedió.

2. Miguel Blesa tampoco es un banquero más. Su primer contacto con el sector financiero fue en septiembre de 1996, cuando llegó al consejo de Caja Madrid. Sólo dos meses después, ya estaba preparado para presidir la tercera entidad financiera del país, un sillón que ocupó durante casi 13 años. ¿Su única cualidad conocida para el puesto? ¿La mejor línea de su currículum? Ser amigo íntimo y leal del presidente del Gobierno José María Aznar.

3. Los emails de Blesa desde su buzón corporativo de Caja Madrid no son unos correos más. Son las pruebas que permitieron al juez Elpidio José Silva enviar a la cárcel al banquero, con razón. En ellos queda claro que la quiebra de esa caja con tres siglos de historia no fue culpa de una azarosa casualidad, sino que tuvo mucho que ver con su desastrosa dirección. Miguel Blesa gestionaba este banco casi público como si fuese un chiringuito de su propiedad. Repartía favores, créditos y enchufes con absoluta arbitrariedad. Un día era su sobrina, otro era el exministro José Barrionuevo, el siguiente era el hermano de Pío García Escudero, o Esperanza Aguirre, o José María Aznar.

4. Las conversaciones de Blesa con sus cuates son el mejor ejemplo del capitalismo de amiguetes que ha hundido a este país. Los correos explican cómo funciona el poder de la España cañí y dejan en evidencia la hipocresía de esos "liberales" que critican las "mamandurrias", hablan de "meritocracia" y dan lecciones de moral a los demás, mientras exprimen los recursos públicos para su uso y disfrute personal. La derecha española queda retratada, pero la izquierda también: vendida a cambio de un plato de consejo y una tarjeta de crédito "black".

5. Lo ocurrido en Caja Madrid no fue sólo feo, negligente o inmoral; va mucho más allá. Las tarjetas de crédito "black a efectos fiscales" y los generosos sueldos con los que Blesa premiaba a los dóciles consejeros en la caja del PSOE, de IU o de CCOO apuntan a varios delitos económicos. Las gestiones de algunos políticos ante Blesa entran de lleno en el terreno del tráfico de influencias. Las preferentes de las que tanto se alegraba Blesa van a ser juzgadas como estafa. Los créditos a dedo podrían violar las normativas bancarias y las compras negligentes –o los créditos al consejero Díaz Ferrán– son serios indicios de delitos societarios de extrema gravedad.

Por mucho que lo diga la Audiencia Provincial de Madrid o el fiscal, estos correos no afectan a "la intimidad" de Miguel Blesa, sino que justifican más que de sobra la reapertura inminente de esta investigación judicial. Es urgente, por salud democrática; porque no hacerlo es dar por buena la injusticia, el abuso de poder y la impunidad.

El enorme deterioro del mercado de trabajo en España (incluso peor en Catalunya)

Público.es

Pensamiento crítico

16 dic 2013

  Vicenç Navarro

Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

Uno de los hechos que ha impactado más negativamente el bienestar y calidad de vida de los españoles ha sido el gran deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores, resultado, en parte, de las distintas intervenciones públicas, incluyendo las masivas reformas laborales, llevadas a cabo por el gobierno del PSOE primero y por el gobierno del PP más tarde, reformas que se hicieron con el apoyo de Convergència i Unió, la derecha catalana que ha desarrollado las mismas políticas públicas cuando ha estado gobernando en Catalunya durante estos últimos años. El objetivo teórico de estas reformas era flexibilizar el mercado de trabajo a fin de crear empleo y disminuir el desempleo. Dicho objetivo, sin embargo, carecía de credibilidad desde el principio, puesto que podía fácilmente predecirse que destruiría empleo en lugar de crearlo (como ya varios analistas adelantamos). Y los datos, por desgracia, nos han dado la razón. Veámoslo.

Analicemos primero los últimos datos del Eurostat (la agencia de recogida de datos de la Unión Europea), comparando España con el promedio de la Unión Europea de los Quince (UE-15), que es el grupo de países de mayor desarrollo económico en la UE, entre los cuales está España. Tales datos muestran claramente el fracaso de dichas políticas en la creación de empleo. En realidad, las características del mercado de trabajo muestran un muy marcado descenso de la población ocupada, es decir, la población que trabaja, lo cual es importante subrayar, pues España (incluyendo Catalunya) ya eran países con baja ocupación. En España y en Catalunya se producen pocos puestos de trabajo. En 2012, por ejemplo, el porcentaje de la población adulta trabajando (de 15 a 64 años) en España y en Catalunya era del 55,4% y el 59,5% respectivamente (comparados con el 65,2% en el promedio de la UE-15 y el 73,8% en Suecia). Y estos bajos porcentajes han ido disminuyendo con las sucesivas reformas laborales, desde que la crisis se inició en 2007 (en cuyo momento los porcentajes eran 65,6% y 71% respectivamente). Este bajón en España ha sido más acentuado entre los hombres, pasando de 76,2% en 2007 a 60,2% en 2012, que entre las mujeres, de 54,7% a 50,6% durante el mismo periodo, aunque el porcentaje de mujeres ocupadas en el mercado de trabajo ha sido siempre menor (50,6%) que el de los hombres (60,2%).

Ello refleja la gran destrucción y la escasa producción de puestos de trabajo, consecuencia, en gran parte, de las citadas reformas laborales. Es importante señalar que en otros países, con mercados laborales altamente regulados, como Suecia, la tasa de ocupación (73,8%) es mucho más alta que la de España (55,4%), y ha bajado mucho menos que en España (de 74,2% en 2007 a 73,8% en 2012) durante los años de la crisis. Una consecuencia de esta situación es que el desempleo ha crecido mucho más rápidamente en España (del 8,3% en 2007 al 25% en 2012) que en Suecia (del 6,1% al 8%), pues hay muchos menos puestos de trabajo disponibles en España que en Suecia, desempleo que alcanzó niveles intensos entre los jóvenes (15-24 años, 53,2%).

Estos datos cuestionan el constante argumento aducido por autores neoliberales, que constantemente se refieren a una supuesta rigidez del mercado de trabajo (es decir, a excesivas dificultades de los empresarios en poder despedir a sus trabajadores) en España, hablando de la excesiva seguridad de los “insiders”, los que tienen contrato fijo, versus los “outsiders”, que tienen contratos temporales. En realidad, España es uno de los países que tienen un porcentaje menor de contratos fijos, siendo a la vez uno de los países que tiene menos gente trabajando y con mayor desempleo. Las tesis del profesor Juan José Dolado, máximo exponente de esta teoría, así como las de los economistas de FEDEA, no son sostenibles en base a los datos. Si las regulaciones del mercado de trabajo son el problema, ¿cómo es entonces que algunos de los países más regulados tienen mayor ocupación y menos desempleo?

Las causas de la menor ocupación y el mayor desempleo en España

El problema no es la supuesta (e inexistente) rigidez del mercado de trabajo, sino la escasa actividad económica y producción de empleo. Si miramos el porcentaje de la población ocupada en tiempos normales (no en crisis), vemos que el porcentaje de hombres trabajando es más cercano al promedio de la UE-15 (74,1% UE-15 versus 73,5% España). Es ahí donde, por cierto, se concentran más los contratos fijos. Su deterioro muestra que ello no impide que haya bajado más rápidamente que el de las mujeres. Donde hay menos personas ocupadas es entre las mujeres, con un porcentaje menor (60,1% UE-15 versus 54,9% España). Y ahí reside una de las causas de que haya poca gente (sobre todo mujeres) trabajando, realidad que continúa siendo ignorada por una cultura económica machista que no es capaz de ver lo que los datos le muestran de una manera evidente y clara. Se necesita facilitar la integración de la mujer en el mercado de trabajo mediante una red de servicios que facilite dicha integración, tales como escuelas de infancia y servicios domiciliarios que permitan compaginar las tareas familiares con las tareas profesionales, además de cambiar la actitud del hombre para que se sienta corresponsable de las tareas familiares. De ahí salió el famoso cuarto pilar del bienestar que yo sugerí al gobierno socialista, y que hizo más tarde fortuna, aun cuando se recortó, limitándose a los servicios de dependencia.

Estas medidas representan una gran inversión para generar empleo, pues la integración de la mujer genera la necesidad de crear nuevos puestos de trabajo (para realizar las tareas que la mujer realiza en el hogar cuando es ama de casa). Pero dicha incorporación, como la de cualquier nuevo trabajador, crea la necesidad de otros trabajadores, pues al aumentar el consumo aumenta también la actividad económica. Y es ahí donde hay que buscar las raíces del problema: el escaso desarrollo de los servicios públicos del Estado del Bienestar, sanidad, servicios sociales, vivienda social, servicios que la mentalidad machista de la cultura económica ve como mero consumo, cuando son en realidad una enorme y beneficiosa inversión, pues crean empleo. Si España, en lugar de tener solo una persona adulta por cada diez, tuviera alrededor de una de cada cuatro trabajando en estos servicios, como es el caso de Suecia, España tendría unos 3,5 millones más de puestos de trabajo, anulando una parte muy importante del desempleo. Ahí está el problema.

Ahora bien, para que este aumento del número de trabajadores tenga incluso mayor impacto estimulante en la economía, tiene que reducirse la gran diferencia salarial entre mujeres y hombres. En cuanto a las políticas actuales referentes a la juventud, es obvio que estas son insensibles a facilitar la articulación del joven en el mercado de trabajo, haciendo mayor hincapié en la educación universitaria que en la formación profesional, a la cual se la considera como destinataria para jóvenes “sin la calidad intelectual para ser universitarios”, una percepción clasista que está dañando no solo a la juventud, sino a toda la sociedad. La mezcla de clasismo (discriminación de clase social) y machismo (discriminación a la mujer) conduce a políticas públicas ineficaces y contrarias al bienestar de la mayoría de la población.

De ahí la necesidad de cambios profundos (casi de 180º) respecto a las políticas que se están realizando hoy en las Cortes Españolas y en el Parlament de Catalunya. Todo esto no ocurrirá a no ser que haya un reforzamiento de los sindicatos además de una gran agitación social. En realidad, el objetivo de las reformas laborales ha sido debilitar a los sindicatos y bajar los salarios, lo cual se ha conseguido, retrasando considerablemente el estímulo económico y dañando la calidad de vida de la mayoría de la ciudadanía. Mientras, las derechas españolas y las derechas catalanas (cuyas políticas están causando el enorme deterioro del mercado de trabajo) están agitando las banderas, intentando sustituir el tema social por el tema nacional.

¿Ser español es ser delincuente?

La realidad y el deseo (Luis García Montero)

12 dic 2013 Público.es

  

Las leyes, además de normas que deben cumplirse, suponen un modo de definir a los habitantes de una sociedad. Cuando los poderes legislativo y ejecutivo representan a los ciudadanos, las leyes son un testimonio de lo que ellos piensan de sí mismos. Cuando se quiebra la soberanía popular, la legislación sirve para saber lo que el poder opina o sospecha de sus súbditos.

No hacen falta, por ejemplo, leyes sobre la capacidad natural para volar o nadar bajo el agua porque los españoles no somos todavía pájaros o peces. Digo todavía por mera prudencia después de lo que hemos visto. Bastará que una empresa afín al Gobierno ponga en marcha el negocio de la implantación de alas o aletas en la espalda de los ciudadanos para justificar la aprobación de normas que regulen al español pájaro o al español pez. Y quien no quiera ser un gorrión o una sardina correrá el peligro de que el señor ministro de Hacienda lo acuse en la tribuna del Congreso de no estar al día en sus impuestos.

Si analizamos los debates jurídicos que más repercusión han alcanzado en los últimos tiempos, podemos comprobar con facilidad que este Gobierno considera a los españoles gente destinada al paro y a la delincuencia. Son dos preguntas íntimas muy razonables: ¿ser español supone una condena al paro?, ¿ser español significa ser delincuente? No comprendo la escandalera levantada por el congreso titulado España contra Catalunya, porque en realidad es el Gobierno de España el que peor opinión tiene sobre los españoles y su desgraciada y triste nación.

Para reformar o aprobar una nueva ley resulta muy útil crear un estado de ánimo, una visión sobre la realidad, casi siempre basada en el miedo. Los primeros años de esta crisis económica, además de una situación social, significaron una gran campaña publicitaria, es decir, una manera interesada de interpretar y divulgar la situación. Se extendió la idea de la catástrofe para justificar el espíritu de sacrificio entre las víctimas y para colocar medidas ideológicas destinadas a liquidar los derechos de los trabajadores. La oligarquía económica consiguió así rebajar salarios, facilitar el despido y deteriorar los derechos laborales. El hundimiento del consumo aceleró el desempleo. Como no hay realidad que esté a salvo de la manipulación, los ciudadanos españoles fueron tratados como perdices en temporada de caza o como ovejas en el matadero, para crear las condiciones que exigían los bancos y las multinacionales.

El deterioro social suele crear mareas de protesta en un país democrático. Incómodo con la libertad, el poder tiende a convertir la protesta política y social en una cuestión de orden público. De ahí que empiece a tratar a los ciudadanos como si fuesen delincuentes peligrosos. La sentencia del Tribunal de Derechos Humanos contra la Doctrina Parot ha supuesto un espaldarazo para la campaña mediática que podemos llamar con todo derecho la delincuencia del ser español. Alguien se encargó de llamar a las cámaras para convertir en noticia escandalosa a cada preso que salía de la cárcel una vez cumplida su condena. Se destrozó el ideal de la reinserción y se  utilizó un número más que mínimo de la población con el deseo de generalizar el miedo: España se estaba llenando de asesinos y violadores sueltos. Fue como echar leña al fuego, porque la programación de la telebasura, que se confunde ya con la información, llena los horarios familiares con tertulias sobre crímenes, padres que matan a sus hijas o tiburones y águilas que despedazan a los niños en las puertas de los colegios. Lo que sólo es un acontecimiento muy particular  un país de millones de habitantes se transforma no ya en una noticia oportuna, sino en el asunto que caracteriza a toda una nación.

Esta voluntad de catástrofe justifica la mano dura que hace falta para darle a la protesta política una consideración de orden o desorden público. Surgen así las leyes mordaza, las multas desmedidas sin pasar por la justicia y las constantes degradaciones democráticas del código penal. Se puede también privatizar todavía más los servicios públicos para favorecer el negocio de particulares afines. Las empresas privadas de seguridad asumen responsabilidades que antes eran sólo competencia del Estado. Todo necesario, alarmantemente necesario, porque España está llena de criminales.

Lo dicho: ser español es ser un delincuente en potencia. No se trata de la conclusión del congreso España contra Catalunya, sino la idea que este Gobierno tiene de sus ciudadanos.

Lo que no hay que olvidar de la represión

Opinión: Marià de Delàs

público 12/12/13

 

Periodista
Acción política sistemática, discreta y disciplinada, "manifestaciones", que salvo en circunstancias excepcionales no eran más que frenéticos "saltos", breves marchas de unos minutos de duración, los que tardaba la policía en llegar; las citas previas que sólo se facilitaban a personas de confianza; citas de seguridad para comprobar si alguien había "caído" en las carreras con la policía detrás, "vietnamitas" para confeccionar octavillas, ciclostiles conseguidos para imprentas clandestinas, reuniones en casas desconocidas, en iglesias, escuelas, centros regionales o excursionistas; "nombres de guerra" para la protección mutua entre compañeros frente a interrogatorios implacables, coartadas y tapaderas para ocultar actividades reivindicativas, documentaciones "limpias" para conseguir domicilios seguros, huidas al extranjero por la montaña o con papeles falsos, años de exilio, de precauciones de todo tipo y mucho miedo.
Hubo un tiempo, muy largo, en el que se trabajó de esta manera, casi siempre desde el anonimato y arriesgando mucho, con la esperanza siempre puesta en la conquista de las libertades.
Ocasionalmente el mundo de la cultura y de la enseñanza brindaba espacios de expresión más o menos anchos o estrechos, según se mire, para el rechazo de la sinrazón represiva, pero cualquier error de cálculo sobre la tolerancia del aparato de represión se pagaba muy caro.
Una simple distribución de panfletos o la pura actividad asociativa, si eran "ilegales", se castigaban con años de cárcel. 
La crueldad de los vencedores de la guerra civil española había aterrorizado a la población. La desaparición forzada y muerte de decenas de miles de personas justas, la cárcel, la tortura, la miseria... habían hecho que el miedo calara en lo más hondo de las conciencias.
Miedo. Ese sentimiento que, como decía José Luis Sampedro, es más poderoso que cualquier otro, "más fuerte que el altruismo, que la verdad, que el amor...". Los que lo infunden y sus herederos intentaron e intentan transmitir esa angustia de generación en generación. Inseguridad y miedo tremendo a la pobreza, la represión, la detención, la paliza, el despido, el paro, la multa... Desasosiego frente al avasallador, se llamara como se llamara, señorito, patrón, jefe, militar, policía, magistrado...
Pero en ese ambiente miles y miles de jóvenes y no tan jóvenes decidieron romper el  "maleficio". Se organizaron y desafiaron a la dictadura en fábricas, barrios, universidades, escuelas, escenarios... Lo hicieron torpemente en muchos casos, pero su protesta demostró que era posible alzar la voz contra la dictadura y acabar con ella.
La ciudadanía reivindicó sus derechos elementales, exigió democracia y el índice de temor a los poderosos bajó significativamente. Los herederos legítimos del franquismo, todavía nerviosos cuando se les dice que lo son, se sienten cada vez menos obligados a disimular su desprecio por las garantías democráticas y por la dignidad de sus conciudadanos.  
Cargan contra el ejercicio de los derechos de huelga, expresión y manifestación como no se había visto desde hace mucho tiempo.
"No consentiremos que España quede en manos de quienes protestan y no proponen nada", dijo Maria Dolores Cospedal en ese tono agrio que la caracteriza.
Jorge Fernández Díaz prevé que se considere infracción grave de la legalidad la participación en manifestaciones en las que se lleven pancartas o griten "consignas claramente ofensivas o vejatorias contra España".
Esas palabras de la secretaria general del PP y del titular de la cartera de Interior son algo más que lindas ocurrencias de gentes de "casa buena" y de derechas de toda la vida. Para desgracia de los demócratas, esas declaraciones forman parte de una concepción del "orden público" propia de regímenes autoritarios, por decirlo suave.
El proyecto de ley de Seguridad Ciudadana preparado por Fernández Díaz y su equipo contiene un catálogo de restricciones inéditas de las libertades de manifestación y expresión, la creación de un fichero para registrar a los infractores de las nuevas normas y el empobrecimiento severo mediante multas de todo aquel que se atreva a ignorarlas. Si a todo ello añadimos una ampliación del margen de actuación discrecional de la policía para administrar el "uso de la fuerza" nos encontraremos ante un escenario distinto para la manifestación del descontento ciudadano y la reivindicación de mejoras.
La llamada sociedad de la información ha transformado y transforma incesantemente la comunicación pública, los cauces de convocatoria y los métodos de movilización. Los activistas más hábiles se reciclan y de nada servirían, seguro, procedimientos de otros tiempos, de antiguas organizaciones, que fueron muchas y algunas de ellas de enorme peso social. Por ellas pasaron miles y miles de personas, algunas hoy apoltronadas, deliberadamente  desmemoriadas, que ocultan con vergüenza sus veleidades juveniles. La nostalgia es casi siempre perniciosa, pero sí conviene rescatar de la memoria aquellos años, porque la historia está llena de enseñanzas no conviene olvidar sobre la naturaleza de la represión.

Piden cárcel para Sánchez Galán y sus 13 consejeros de Iberdrola

Corrupción Economía — 04 septiembre 2013 

El catedrático de Economía, Roberto Centento, ha pedido esta semana el “procesamiento” y “cárcel” para Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, y sus 13 consejeros, muchos de ellos ex-políticos, por autoasignarse un sueldo 30 veces mayor que sus homólogos en Japón y 5 veces más alto que en Alemania. Para ello, los citados directivos han tomado parte en la subida de un 323% en la tarifa de la luz con el apoyo de diferentes Gobiernos, lo cual ha llevado a la ruina a numerosas pequeñas y medianas empresas españolas y a la pobreza a millones de familias. 

Angel Acebes, ex número 3 del PP y hoy en Iberdrola

“Esto es simplemente de cárcel: los responsables de esta iniquidad contraria a los intereses más elementales de España y de los españoles deben ser destituidos y procesados”, ha escrito Centeno. Su análisis es concluyente: “El beneficio de las empresas en el mismo periodo ha sido de 42.000 millones y las remuneraciones de los directivos son las más altas del mundo occidental, a pesar de que los accionistas han perdido hasta la camisa”. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, “es el mejor pagado del mundo occidental y oriental, gana cinco veces más que, por ejemplo, el de la gran eléctrica alemana E.On; y ¿saben cuánto gana el presidente de la tercera eléctrica japonesa (mucho mayor que Iberdrola)?: 250.000 euros. Sí, han leído bien ¡30 veces menos!”.

  

Felipe González y Aznar hoy comparten intereses como directivos energéticos

El abuso es descrito en estos términos por este catedrático especializado en la industria energética: “Los consejeros, lo mismo, casi un millón de euros anuales por dos horas de presencia (que no de trabajo) al mes los no ejecutivos, y lo que es un escándalo que no sería tolerado en ningún otro país: son los grandes políticos que presuntamente favorecieron a las compañías. Felipe González en Gas Natural; Pedro Solbes en Enel, a quien entregó la mayor eléctrica de España; Elena Salgado en una filial de Endesa y Aznar, que es asesor (de esta compañia) por sus conocimientos del sector eléctrico mundialmente reconocidos y de gestión, como demostraría metiéndonos en el euro sin molestarse en hacer ni el más mísero análisis sobre tan trascendental decisión”. 

  

Pedro Solbes y Elena Salgado, ex ministros de Economía del PSOE y hoy en las eléctricas

Aunque ningún partido político de los 10 que componen el Congreso de los Diputados ha pedido nunca este procesamiento, son numerosas las voces que desde la sociedad civil reclaman penas de cárcel y esa investigación de la Fiscalía Anticorrupción para esos consejeros y directivos que, junto  a Ignacio Sánchez Galán, han tomado las decisiones. Sus nombres son conocidos en el ambiente político-financiero madrileño: son el banquero valenciano de 70 años Julio de Miguel (Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja, de Banco de Valencia y Banco de Murcia), el banquero salmantino de 72 años Sebastián Battaner (Caja Duero), el banquero vasco de 67 años y ex presidente de Iberia, Xabier de Irala (Kutxabank),  el “delfín” de la familia Oriol, ya con 50 años, Iñigo Víctor de Oriol Ibarra y la profesora vasca pero con residencia en Barcelona, Inés Macho Stadler. 

  

  

El banquero socialista andaluz Braulio Medel

Por último, el banquero socialista andaluz Braulio Medel (Unicaja), la consultora escocesa Samantha Barber, la heredera del multimillonario burgalés José Antolín Toledano (Grupo Antolín), María Helena Antolín, familia que se hizo rica con los recambios de automóviles, el abogado gallego Santiago Martínez Lage, el ingeniero vasco cercano al PNV, José Luis San Pedro Guerenabarrena, el ex dirigente del PP, Ángel Acebes, el joven banquero madrileño Manuel Lagares Gómez-Abascal (BFA) y la política y banquera mexicana Georgina Kessel Martínez. 

Los directivos de Iberdrola que han tomado la decisión de la meteórica subida de la luz a costa del contribuyente y para los que se solicita también el procesamiento son José Luis San Pedro, consejero y director general, Julián Martínez-Simancas, secretario general del consejo, José Sáinz Armada, director económico-financiero, el ex político del PP, Fernando Becker, director de recursos corporativos, Juan Carlos Rebollo, director de administración y control, Javier Villalba, director del negocio de redes del grupo, Francisco Martínez Córcoles, director del negocio liberalizado del grupo y Xabier Viteri, director de energías renovables. 

Fernando Becker, ex dirigente del PP, hoy en Iberdrola

“Hay que ser muy canalla o estar literalmente vendido a la mafia financiera y oligopolista. Las brutales subidas que se derivan del real decreto son una salvajada desconocida no sólo en Europa, sino en toda nuestra historia industrial” denuncia Centeno. El ministro canarioJosé Manuel Soria, “amigo de Rajoy, no sólo es un irresponsable, sino que es también un analfabeto en los temas de su competencia”. Según los datos facilitados por un empresario austriaco con industrias en Munich, Hungría y Polonia, la energía eléctrica que paga por su casa en Valencia es el doble de cara que en Viena por kwh consumido y la más cara de Europa. “Este expolio sistemático a la sociedad española por parte de un sistema político oligárquico y corrupto, con una sólida red de intereses compartidos con las élites financieras y oligopolistas, hace inviable la salida de la crisis”, afirma Centeno, que concluye: 

“Mentiras, errores de bulto, rectificaciones y todo tipo de disparates, un relato clarificador de que estamos en manos de ineptos y ladrones. En cualquier otro país esto habría llevado a su procesamiento, algo que la Fiscalía Anticorrupción tendría muy fácil”. 

¿Quiénes son los nacionalistas? del artículo de Vicenç Navarro para Público "La falta de autocrítica del PSOE"

Para responder a esta pregunta tenemos que ver los datos. La misma carencia de autocrítica que he citado en la sección anterior aparece también en la utilización del término “partido nacionalista”. Los “barones históricos” continúan ignorando un hecho que es obvio. Los partidos nacionalistas más fundamentalistas en este país son el PP, el PSOE y UPyD. Tienen una visión de España profundamente semejante, característica del nacionalismo españolista, excluyente de cualquier otra visión de España que no sea la suya, negando la plurinacionalidad del Estado español (ver mi artículo “El nacionalismo españolista”, Público. 22.07.13). Todos ellos tratan la Constitución como un documento sagrado, resistiéndose a su cambio o modificación. Consideran ese documento como resultado de un consenso alcanzado en el proceso de Transición (proceso al cual consideran como modélico) entre las derechas herederas de la dictadura y las izquierdas que lideraron las fuerzas democráticas. Esta idealización de aquel proceso (del cual algunos fueron protagonistas) es una constante en su versión de lo que ha ocurrido en España. Parecen olvidar que fueron el Ejército y la Monarquía los que dictaron “la indivisibilidad de la nación española”, asignando al Ejército la labor de garantizarla. Con ello se negaba el carácter plurinacional de España, impidiendo el establecimiento de un Estado plurinacional, en el que varias naciones pudieran expresarse libremente en su deseo de permanencia en el Estado. Y las izquierdas españolas abandonaron su compromiso con tal demanda, resultado de la presión del Ejército, continuador del Ejército golpista del 1936. El desequilibrio de fuerzas en aquel momento, en una Transición vigilada y supervisada por la Monarquía y por el Ejército, niega cualquier carácter modélico a aquella Transición. Y el establecimiento del Estado de las autonomías era el mejor indicador de la negación del carácter plurinacional del Estado español. Y ello pasó a ser doctrina oficial del PSOE. Y más tarde, cuando el fallido golpe militar ocurrió, la misma presión militar forzó que el PSC perdiera su grupo parlamentario propio en las Cortes Españolas. Pasó entonces a ser un apéndice del PSOE.

Pero esta versión de España impuesta en la Constitución no resolvió la articulación de Catalunya con España. Y en el PSC apareció otra versión de España, la federalista, liderada por Pasqual Maragall, a la cual el PSOE definía como “nacionalista”, que veía una España plurinacional y policéntrica, no centrada, como hoy, en Madrid. Esta versión contó, desde el principio, con la hostilidad del PSOE, que se había adaptado oportunísticamente al Estado heredado del régimen anterior. La combinación en el socialismo catalán de una visión federal con lo social, que tuvo lugar en Catalunya bajo el mandato de los gobiernos Maragall y Montilla, no fue impopular en Catalunya. Antes al contrario, el Tripartito fue popular hasta el 2008 en que perdieron apoyo, precisamente por su seguidismo del PSOE en sus políticas económicas y en su respuesta a la crisis. Durante todos los años del Tripartito, las encuestas mostraron que los porcentajes favorables al Tripartito fueron mayores que los desfavorables. Su compromiso con lo social (el gasto público social por habitante aumentó considerablemente), combinado con el apoyo a redefinir España con un modelo federal, fueron medidas populares en Catalunya. El gran problema para el PSC en su compromiso con el federalismo era que, en España, el PSOE no quería ni oír hablar de federalismo, estancado en su visión post-franquista de España.

El radicalismo de la población catalana con incremento del apoyo al independentismo es la respuesta lógica a este hecho. Pero esto parece ser demasiado complejo para que lo entiendan los establishments españolistas (incluyendo la dirección del PSOE), basados en Madrid. Prefieren pensar que todo es una manipulación de la población catalana, por parte del gobierno Mas (el cual, por cierto, tiene una valoración como Presidente menor de la que tuvieron Maragall y Montilla), sin entender que aun cuando dicho intento de manipulación existe, la mayor causa de esa movilización es el hartazgo de la población, no con los distintos pueblos y naciones que constituyen España, sino con el Estado español sucesor del que ganó la Guerra Civil (los vencedores de aquella Guerra se autodefinieron como los “nacionales” e impusieron su nacionalismo excluyente y asfixiante al resto de España). Sus herederos continúan dominando el Estado central español con la complicidad del PSOE.

España, el país de los 200.000 desaparecidos

Representantes de la ONU califican de crímenes contra la humanidad tanto los enterramientos en fosas comunes de la guerra civil y el franquismo como el robo de niños prolongado hasta la democracia. Censuran al Gobierno español por poner obstáculos a las investigaciones y le conminan a buscar a los desaparecidos.

     04.10.2013 · José Luis Gordillo · (Sevilla) para Periodismo Humano

Mural con fotografías de desaparecidos por la represión franquista que los afectados colocaron a las puertas del hotel de Sevilla donde fueron recibidos por los miembros del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de la ONU.

Rocío Borrego sólo quiere recuperar los restos de su madre, puesto que sabe bien que fue asesinada en 1936. Eduardo Raya sólo desea saber el paradero de su hija, puesto que está completamente seguro que sigue viva, desde que fue presuntamente robada en 1990. Entre ambos sucesos ha pasado medio siglo, pero los cubre el mismo manto de silencio e “impunidad”, según los representantes del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de Naciones Unidas que este mes de septiembre ha visitado diversas ciudades de España. Los afectados repiten insistentemente, con casi 200.000 víctimas, entre enterramientos ilegales en fosas comunes y niños robados, hoy son adultos con identidad falsa, España es, tras Camboya, el país del mundo donde permanecen más personas desaparecidas.

En 1940 la Causa General iniciada por el Ministerio de Justicia sobre el denominado terror rojo facilitó la recuperación de los cadáveres de casi la totalidad de las 38.000 víctimas de la represión en la retaguardia republicana durante la Guerra Civil. Sus familiares, salvo excepciones de falta de interés o deficiente localización, pudieron darles una sepultura digna, fueron honrados, su memoria recuperada y sus verdugos perseguidos o procesados. El Estado se implicó fuertemente en la labor de búsqueda e identificación, sirviéndose en muchos casos de las fotografías tomadas a tal efecto por el propio Gobierno republicano, que nunca llegó a legitimar la barbarie desatada durante parte de esos tres años por facciones de sindicatos y partidos de izquierda.

Setenta años después, todavía no ha ocurrido lo mismo con el franquismo, cuya represión fue cinco veces mayor en número debido a ser planificada por sus mandos y ejecutada sistemáticamente a partir de las órdenes de fusilamiento de cualquier desafecto al Movimiento decretadas por la Junta de Gobierno y la Junta Suprema Militar de Defensa de España en 1936. Desde entonces hasta ahora, de los 143.000 desaparecidos estimados por el ex juez Baltasar Garzón en 2008 sólo se han recuperado los cuerpos de unos 8.000. Pero cada vez que se abre una fosa se encuentran más cadáveres de los previstos, motivo por el que las estimaciones se acercan ya a los 180.000 desaparecidos, cifra que coincide con la aportada hace años por el historiador Paul Preston.

A ello hay que sumar unos 30.000 niños apartados forzosamente de presas y familias republicanas entre 1944 y 1954, como medida de “higiene” ideológica, y al menos otros 6.000 casos documentados por las asociaciones de bebés robados por motivos económicos durante el tardofranquismo y la primera mitad de la actual democracia. Casi todos siguen sin localizar, salvo varias decenas de reencuentros, facilitados por análisis de ADN practicados por los propios familiares, nunca por el Estado.

Florentina Rodríguez enseña la foto de su abuela Ana Ricarda, desaparecida en 1936 en Córdoba, minutos antes de exponer su caso ante los representantes de la ONU.

Rocío Borrego no pudo acudir a Sevilla el pasado mes para explicarle su caso a los representantes de la ONU, debido a su delicada salud. Lo hizo en su lugar su hija Florentina, quien relató que Ana Ricarda, de ideología socialista, regentaba una tienda de comestibles y ejercía como maestra particular y escribiente en la aldea cordobesa de Jauja. En noviembre de 1936 fue detenida por cuatro falangistas y un guardia civil al que ella misma había denunciado por amenazas unos años antes, y ya no se ha vuelto a saber de ella. A través de diversos testimonios han llegado a saber que permaneció varios días en un chalet, donde fue violada y torturada hasta que, ya moribunda y desfigurada, le dieron el tiro de gracia. Parece que un vecino encontró el cadáver junto al arroyo de La Coja y, al verle los pechos arrancados y el cuerpo destrozado, decidió enterrarla.

Su tienda y sus tierras fueron confiscadas, su madre rapada y purgada, su marido enloqueció y murió a los pocos años y sus cuatro hijos fueron presa del hambre y la miseria. Rocío ha acudido infructuosamente a los tribunales para buscar alguna reparación y la recuperación de los restos de su madre. En su auto, el ex juez Garzón lo señala como uno de los casos más “clamorosos” de “inseguridad jurídica para las víctimas”. Sin embargo, hasta el propio Tribunal Constitucional español ha desestimados sus recursos. “Yo no quiero juzgar a nadie, pero que nos dejen recuperar los restos”, clamaba Florentina en Sevilla, a la vez que se preguntaba: “¿Hasta cuándo? ¿Hasta que los tengan que sacar como a los íberos o los tartessos? ¿En qué país democrático se encarga la labor de hacer cumplir los derechos humanos a las víctimas, teniendo que trabajar en contra de la Administración? Es un desgaste emocional tremendo”, se lamenta.

Efectivamente, el grupo de trabajo de la ONU ha constatado que la Ley de Memoria Histórica de 2007 ha tenido un efecto muy escaso. Salvo algunas excepciones, como el Ayuntamiento de Málaga, que ha financiado la exhumación de la fosa común de su cementerio, recuperando los restos de 2.800 personas, en el resto del país prácticamente ningún municipio ha dado permiso siquiera a las familias para hacerlo y ningún juzgado ha ordenado la apertura de fosas. Ariel Duritzky, unos de los representantes de Naciones Unidas que ha visitado España, considera que el Gobierno español debe derogar la Ley de Aministía de 1997, por ser preconstitucional y constituir una “barrera a la investigación de graves violaciones de los derechos humanos”.

Así, en lugar de poner los “obstáculos” actuales, el Estado español debe ofrecer en su opinión mayor apoyo a las víctimas, crear una entidad para estudiar los casos, investigar las desapariciones forzadas a través de la judicatura, juzgarlas, retirar los símbolos del franquismo de los lugares públicos y “asumir un rol de liderazgo en la búsqueda de la verdad”. A juicio del experto de la ONU, “en el contexto de ataques generalizados a la población civil, como los que ocurrieron durante la guerra y la dictadura, las desapariciones forzadas adquieren carácter de crimen internacional, y por lo tanto deben considerarse imprescriptibles”.

Dulitzky y su compañera Jasminka Dzumhur no se sorprendieron cuando en su visita a Sevilla se les planteó que este crimen contra la humanidad también se habría prolongado hasta bien entrada la democracia. Hasta los años noventa en concreto, debido a que el robo de bebés por motivos económicos, tras haberlo practicado en un principio como represión política, también se habría realizado de forma “sistemática, generalizada y con aquiescencia de los poderes públicos” como un “ataque” por parte de un grupo de funcionarios del Estado contra parte de la población civil. Así lo expusieron el abogado granadino y también afectado Eduardo Raya junto a su esposa Gloria Rodríguez. Ellos siguen buscando a su hija, dada por muerta al nacer en el Hospital Clínico de Granada en 1990. Hasta siete análisis de laboratorios públicos y privados han dictaminado que el cadáver enterrado entonces no puede pertenecer a una hija suya, así como tampoco los restos de hígado aportados como prueba por los médicos para cerrar el caso. La Justicia hasta ahora no les ha ofrecido respuesta, pendiente de reabrir la investigación “a regañadientes”.

El matrimonio Eduardo Raya y Gloria Rodríguez a las puertas del hotel sevillano donde los representantes de la ONU atendieron a los afectados por desapariciones en Andalucía.

Raya tiene no obstante esperanza en el dictamen del grupo de trabajo de la ONU, que deberá ser elevado al Consejo de Derechos Humanos para su aprobación, así como que la Justicia argentina incluya también entre sus investigaciones el robo de niños por motivos políticos o económicos, tanto en la dictadura como en la democracia, al tratarse de una misma trama criminal. “Esto no es cosa de una monja aislada, como nos quieren hacer creer. Sor María sólo fue un instrumento de los que se llevaron el dinero”, asegura Raya.

Los métodos aplicados ilegalmente para el rapto y venta de bebés hasta los años noventa fueron en realidad ensayados de forma legal en los años cuarenta y cincuenta. El engaño, diciendo a las familias que el niño había muerto, la inscripción en el Registro Civil con distinto nombre y apellido y darla en adopción en una provincia distinta a la que nació, para dejar el menor rastro posible. Las hermanas María y Florencia Calvo, por ejemplo, fueron enviadas por sus padres a Francia para salvaguardarlas de la contienda en España, pero tras terminar la guerra las secuestró allí el servicio exterior de Falange Española y las devolvió a nuestro país. Al llegar en tren a Toledo, Florencia preguntó por su hermana, pero una monja le informó que María había muerto de unas fiebres, como tantos otros niños en el camino, y que su cuerpo lo habrían tirado por la ventanilla. En realidad no fue así, sino que fue dada en adopción. Sesenta años después, las dos hermanas se reencontraron gracias a un programa de televisión.

La Orden del Ministerio de Justicia de 30 de marzo de 1940 establecía que los hijos de presos políticos podían quedarse con sus madres sólo hasta los tres años, cumplidos los cuales debían ser excarcelados y adoptados por familias adeptas al Régimen, siguiendo las doctrinas del psiquiatra Antonio Vallejo-Nágera. La Ley de 4 de diciembre de 1941 facilitaba a su vez su inscripción en el Registro Civil con nuevos apellidos. Vicenta Flores Ruiz, hija de un militar republicano de Valencia, fue adoptada y devuelta al colegio de monjas donde permanecía interna hasta cuatro veces en un mismo año, cambiando en todas las ocasiones de apellidos. Y siempre lejos de Valencia, por familias de Zaragoza, Alemania, Madrid y Ciudad Real

El paso del robo de niños legal al ilegal se habría dado ya en la siguiente década, aprovechando esta estructura. Además de las entidades religiosas que tutelaban a los menores y los registros civiles de toda España, fue necesaria también la implicación de profesionales sanitarios, médicos y matronas que asistían los partos en las cárceles y, cada vez en mayor medida, en clínicas y hospitales. En 1950 Emilia Girón fue a dar a luz al hospital de Salamanca. Nada más nacer, le arrebataron al niño a la fuerza y nunca más supo de él. Emilia era hermana del maqui Manuel Girón, jefe de los guerrilleros del Bierzo. Era analfabeta y tenía mucho miedo. Quizás pensaron que nunca lo buscaría, pero sí lo hizo, aunque infructuosamente. “Con esa angustia estaré toda la vida, porque sé que lo parí y lo llevé dentro nueve meses, y no lo conocí siquiera”, declaraba Emilia cuarenta años después.

De esa misma época es una carta del capellán de la casa cuna de Sevilla en la que daba instrucciones para cambiar las partidas de bautismo de forma discreta en caso de adopciones irregulares, más allá de las forzosas a presos republicanos que sí permitía la ley. En muchas ocasiones, religiosos, médicos y registradores recibían regalos o donativos por parte de los padres adoptivos. Así, en los años cincuenta se habría producido la transición del robo por motivos políticos al móvil económico, práctica que se habría prolongado de forma sistemática has la década de los noventa y que hoy día, según la ONU, permanece impune.