Representantes
de la ONU califican de crímenes contra la humanidad tanto los enterramientos en
fosas comunes de la guerra civil y el franquismo como el robo de niños
prolongado hasta la democracia. Censuran al Gobierno español por poner
obstáculos a las investigaciones y le conminan a buscar a los desaparecidos.
Mural con fotografías de desaparecidos por la represión franquista que los afectados colocaron a las puertas del hotel de Sevilla donde fueron recibidos por los miembros del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de la ONU.
Rocío
Borrego sólo quiere recuperar los restos de su madre, puesto que sabe bien que
fue asesinada en 1936. Eduardo Raya sólo desea saber el paradero de su hija,
puesto que está completamente seguro que sigue viva, desde que fue
presuntamente robada en 1990. Entre ambos sucesos ha pasado medio siglo, pero
los cubre el mismo manto de silencio e “impunidad”, según los representantes
del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de Naciones Unidas que este
mes de septiembre ha visitado diversas ciudades de España. Los afectados repiten
insistentemente, con casi 200.000 víctimas, entre enterramientos ilegales en
fosas comunes y niños robados, hoy son adultos con identidad falsa, España es,
tras Camboya, el país del mundo donde permanecen más personas desaparecidas.
En 1940 la Causa General iniciada por el
Ministerio de Justicia sobre el denominado terror rojo facilitó la recuperación de los
cadáveres de casi la totalidad de las 38.000 víctimas de la represión en la
retaguardia republicana durante la Guerra Civil. Sus familiares, salvo
excepciones de falta de interés o deficiente localización, pudieron darles una
sepultura digna, fueron honrados, su memoria recuperada y sus verdugos
perseguidos o procesados. El Estado se implicó fuertemente en la labor de
búsqueda e identificación, sirviéndose en muchos casos de las fotografías
tomadas a tal efecto por el propio Gobierno republicano, que nunca llegó a
legitimar la barbarie desatada durante parte de esos tres años por facciones de
sindicatos y partidos de izquierda.
Setenta años después, todavía no ha ocurrido
lo mismo con el franquismo, cuya represión fue cinco veces mayor en número
debido a ser planificada por sus mandos y ejecutada sistemáticamente a partir
de las órdenes de fusilamiento de cualquier desafecto al Movimiento decretadas por la Junta de Gobierno y
la Junta Suprema Militar de Defensa de España en 1936. Desde entonces hasta
ahora, de los 143.000 desaparecidos estimados por el ex juez Baltasar Garzón en
2008 sólo se han recuperado los cuerpos de unos 8.000. Pero cada vez que se
abre una fosa se encuentran más cadáveres de los previstos, motivo por el que
las estimaciones se acercan ya a los 180.000 desaparecidos, cifra que coincide
con la aportada hace años por el historiador Paul Preston.
A
ello hay que sumar unos 30.000 niños apartados forzosamente de presas y
familias republicanas entre 1944 y 1954, como medida de “higiene” ideológica, y
al menos otros 6.000 casos documentados por las asociaciones de bebés robados
por motivos económicos durante el tardofranquismo y la primera mitad de la
actual democracia. Casi todos siguen sin localizar, salvo varias decenas de
reencuentros, facilitados por análisis de ADN practicados por los propios
familiares, nunca por el Estado.
Florentina Rodríguez enseña la foto de su
abuela Ana Ricarda, desaparecida en 1936 en Córdoba, minutos antes de exponer
su caso ante los representantes de la ONU.
Rocío
Borrego no pudo acudir a Sevilla el pasado mes para explicarle su caso a los
representantes de la ONU, debido a su delicada salud. Lo hizo en su lugar su
hija Florentina, quien relató que Ana Ricarda, de ideología socialista,
regentaba una tienda de comestibles y ejercía como maestra particular y
escribiente en la aldea cordobesa de Jauja. En noviembre de 1936 fue detenida
por cuatro falangistas y un guardia civil al que ella misma había denunciado
por amenazas unos años antes, y ya no se ha vuelto a saber de ella. A través de
diversos testimonios han llegado a saber que permaneció varios días en un
chalet, donde fue violada y torturada hasta que, ya moribunda y desfigurada, le
dieron el tiro de gracia. Parece que un vecino encontró el cadáver junto al
arroyo de La Coja y, al verle los pechos arrancados y el cuerpo destrozado,
decidió enterrarla.
Su
tienda y sus tierras fueron confiscadas, su madre rapada y purgada, su marido
enloqueció y murió a los pocos años y sus cuatro hijos fueron presa del hambre
y la miseria. Rocío ha acudido infructuosamente a los tribunales para buscar
alguna reparación y la recuperación de los restos de su madre. En su auto, el
ex juez Garzón lo señala como uno de los casos más “clamorosos” de “inseguridad
jurídica para las víctimas”. Sin embargo, hasta el propio Tribunal
Constitucional español ha desestimados sus recursos. “Yo no quiero juzgar a
nadie, pero que nos dejen recuperar los restos”, clamaba Florentina en Sevilla,
a la vez que se preguntaba: “¿Hasta cuándo? ¿Hasta que los tengan que sacar
como a los íberos o los tartessos? ¿En qué país democrático se encarga la labor
de hacer cumplir los derechos humanos a las víctimas, teniendo que trabajar en
contra de la Administración? Es un desgaste emocional tremendo”, se lamenta.
Efectivamente,
el grupo de trabajo de la ONU ha constatado que la Ley de Memoria Histórica de
2007 ha tenido un efecto muy escaso. Salvo algunas excepciones, como el
Ayuntamiento de Málaga, que ha financiado la exhumación de la fosa común de su
cementerio, recuperando los restos de 2.800 personas, en el resto del país
prácticamente ningún municipio ha dado permiso siquiera a las familias para
hacerlo y ningún juzgado ha ordenado la apertura de fosas. Ariel Duritzky, unos
de los representantes de Naciones Unidas que ha visitado España, considera que
el Gobierno español debe derogar la Ley de Aministía de 1997, por ser
preconstitucional y constituir una “barrera a la investigación de graves
violaciones de los derechos humanos”.
Así,
en lugar de poner los “obstáculos” actuales, el Estado español debe ofrecer en
su opinión mayor apoyo a las víctimas, crear una entidad para estudiar los
casos, investigar las desapariciones forzadas a través de la judicatura,
juzgarlas, retirar los símbolos del franquismo de los lugares públicos y
“asumir un rol de liderazgo en la búsqueda de la verdad”. A juicio del experto
de la ONU, “en el contexto de ataques generalizados a la población civil, como
los que ocurrieron durante la guerra y la dictadura, las desapariciones
forzadas adquieren carácter de crimen internacional, y por lo tanto deben
considerarse imprescriptibles”.
Dulitzky
y su compañera Jasminka Dzumhur no se sorprendieron cuando en su visita a
Sevilla se les planteó que este crimen contra la humanidad también se habría
prolongado hasta bien entrada la democracia. Hasta los años noventa en
concreto, debido a que el robo de bebés por motivos económicos, tras haberlo
practicado en un principio como represión política, también se habría realizado
de forma “sistemática, generalizada y con aquiescencia de los poderes públicos”
como un “ataque” por parte de un grupo de funcionarios del Estado contra parte
de la población civil. Así lo expusieron el abogado granadino y también
afectado Eduardo Raya junto a su esposa Gloria Rodríguez. Ellos siguen buscando
a su hija, dada por muerta al nacer en el Hospital Clínico de Granada en 1990.
Hasta siete análisis de laboratorios públicos y privados han dictaminado que el
cadáver enterrado entonces no puede pertenecer a una hija suya, así como
tampoco los restos de hígado aportados como prueba por los médicos para cerrar
el caso. La Justicia hasta ahora no les ha ofrecido respuesta, pendiente de
reabrir la investigación “a regañadientes”.
El matrimonio Eduardo Raya y Gloria
Rodríguez a las puertas del hotel sevillano donde los representantes de la ONU
atendieron a los afectados por desapariciones en Andalucía.
Raya
tiene no obstante esperanza en el dictamen del grupo de trabajo de la ONU, que
deberá ser elevado al Consejo de Derechos Humanos para su aprobación, así como
que la Justicia argentina incluya también entre sus investigaciones el robo de
niños por motivos políticos o económicos, tanto en la dictadura como en la
democracia, al tratarse de una misma trama criminal. “Esto no es cosa de una
monja aislada, como nos quieren hacer creer. Sor María sólo fue un instrumento
de los que se llevaron el dinero”, asegura Raya.
Los
métodos aplicados ilegalmente para el rapto y venta de bebés hasta los años
noventa fueron en realidad ensayados de forma legal en los años cuarenta y
cincuenta. El engaño, diciendo a las familias que el niño había muerto, la
inscripción en el Registro Civil con distinto nombre y apellido y darla en
adopción en una provincia distinta a la que nació, para dejar el menor rastro
posible. Las hermanas María y Florencia Calvo, por ejemplo, fueron enviadas por
sus padres a Francia para salvaguardarlas de la contienda en España, pero tras
terminar la guerra las secuestró allí el servicio exterior de Falange Española
y las devolvió a nuestro país. Al llegar en tren a Toledo, Florencia preguntó
por su hermana, pero una monja le informó que María había muerto de unas
fiebres, como tantos otros niños en el camino, y que su cuerpo lo habrían
tirado por la ventanilla. En realidad no fue así, sino que fue dada en
adopción. Sesenta años después, las dos hermanas se reencontraron gracias a un
programa de televisión.
La
Orden del Ministerio de Justicia de 30 de marzo de 1940 establecía que los
hijos de presos políticos podían quedarse con sus madres sólo hasta los tres
años, cumplidos los cuales debían ser excarcelados y adoptados por familias
adeptas al Régimen, siguiendo las doctrinas del psiquiatra Antonio
Vallejo-Nágera. La Ley de 4 de diciembre de 1941 facilitaba a su vez su
inscripción en el Registro Civil con nuevos apellidos. Vicenta Flores Ruiz,
hija de un militar republicano de Valencia, fue adoptada y devuelta al colegio
de monjas donde permanecía interna hasta cuatro veces en un mismo año,
cambiando en todas las ocasiones de apellidos. Y siempre lejos de Valencia, por
familias de Zaragoza, Alemania, Madrid y Ciudad Real
El paso
del robo de niños legal al ilegal se habría dado ya en la siguiente década,
aprovechando esta estructura. Además de las entidades religiosas que tutelaban
a los menores y los registros civiles de toda España, fue necesaria también la
implicación de profesionales sanitarios, médicos y matronas que asistían los
partos en las cárceles y, cada vez en mayor medida, en clínicas y hospitales.
En 1950 Emilia Girón fue a dar a luz al hospital de Salamanca. Nada más nacer,
le arrebataron al niño a la fuerza y nunca más supo de él. Emilia era hermana
del maqui Manuel Girón, jefe de los guerrilleros del Bierzo. Era analfabeta y
tenía mucho miedo. Quizás pensaron que nunca lo buscaría, pero sí lo hizo,
aunque infructuosamente. “Con esa angustia estaré toda la vida, porque sé que
lo parí y lo llevé dentro nueve meses, y no lo conocí siquiera”, declaraba
Emilia cuarenta años después.
De esa misma época es una carta del capellán de la casa cuna de Sevilla
en la que daba instrucciones para cambiar las partidas de bautismo de forma
discreta en caso de adopciones irregulares, más allá de las forzosas a presos
republicanos que sí permitía la ley. En muchas ocasiones, religiosos, médicos y
registradores recibían regalos o donativos por parte de los padres adoptivos.
Así, en los años cincuenta se habría producido la transición del robo por
motivos políticos al móvil económico, práctica que se habría prolongado de
forma sistemática has la década de los noventa y que hoy día, según la ONU,
permanece impune.