divendres, 20 de desembre del 2013

Menos mal que no votamos a los comunistas


Al final no lo hicimos. De la que nos hemos librado


La vivienda situada en la calle Ofelia Nieto evita el desalojo
En la vivienda situada en la calle Ofelia Nieto se logra evitar el desalojo. / Olmo Calvo
No votéis a los comunistas porque, cuando gobiernen, os quitarán vuestras casas ("Un desahucio cada 15 minutos").  Nacionalizarán las compañías eléctricas y os subirán el recibo de la luz ("El recibo de la luz se disparará más de un 11% en enero"). Se gastarán todo el dinero de vuestros impuestos en nacionalizar los bancos ("El Gobierno destina otros 41.000 millones de dinero público para ayudar a la banca. Los avales del Estado pasan de 217.043 a 258.000 millones"). Y arruinarán a los pequeños empresarios impidiendo que se puedan financiar "(La financiación a las empresas desciende un 10% y también toca mínimos de toda la crisis").
Como resultado de todo ello, vendrán tiempos de pobreza y hambre ("La crisis obliga a 'millones de personas' a alimentarse de la basura, según la Fadsp").
Además, os quitarán las libertades, como hicieron en Rusia, os multarán si os manifestáis ("Multas de 600.000 euros por convocar una protesta en Twitter ante el Congreso") o incluso comprarán un camión para disolver con chorros de agua las manifestaciones ciudadanas "(La Policía comprará un camión antidisturbios lanza agua") .
Por supuesto, los comunistas intentarán controlar a través del Estado tu vida privada y tus principios morales ("150 organizaciones suscriben un pacto contra la reforma de la Ley del Aborto"; "La asignatura de Religión 'resucita' en las aulas").
Menos mal que, al final, no votamos a los comunistas. De la que nos hemos librado.

dimarts, 17 de desembre del 2013

La transición autonómica



eldiario.es

Tiene razón, da mucha vergüenza que tanto el PSOE como el PP se empecinen en prohibir que un gobierno autónomo consulte a sus ciudadanos. Sobra decir que, en lugar de poner obstáculos, cualquier presidente de Gobierno demócrata debería facilitar esa consulta con todos los medios a su alcance. Las convicciones democráticas de Zapatero y Rajoy no es que sean titubeantes, no parecen existir: ambos están en contra de la democracia con la misma contundencia.
Por otra parte, si esa consulta es ilegal, mejor que mejor, es como debe ser, ¿no le parece? ¿Acaso alguna declaración de independencia se hace dentro del marco legal del Estado del que un territorio quiere independizarse? ¿Alguien se imagina a América, en el norte o en el sur, independizándose de acuerdo con las leyes de la monarquía inglesa o la española? No, eso no se lo imagina nadie, porque no tiene ni pies ni cabeza y no se le ocurre ni al que asó la manteca.
Un momento, sí que hay un precedente, ¡cómo no he caído antes en la cuenta!: la llamada transición española. Pasaron de una dictadura a una democracia sin romper las leyes de la dictadura. Pintoresco y triste. Así nos ha ido, claro, y por eso tenemos una democracia limitada, vigilada e intervenida. ¿Es eso lo que pretenden los catalanes, una transición de la autonomía a la independencia inspirada en la transición española? Pues entonces conseguirán lo mismo: una independencia limitada, vigilada e intervenida. Una democracia verdadera necesita la ruptura con el régimen dictatorial y, por supuesto, declarar abolido e ilegítimo todo su marco legal. El consenso y la reforma sólo propician una democracia de pésima calidad, en la que un ministro del dictador puede ser “padre de la Constitución”. La independencia verdadera no se negocia con el Estado del que un territorio se quiere independizar, pues no faltaba más, se proclama y ya está. Unilateralmente, por supuesto. Si antes se quiere llevar a cabo una consulta, no hace falta pedir permiso, y que sea ilegal para el Estado central no tiene la menor importancia.  Por lo tanto, sólo cabe concluir que estos tipos en Cataluña no tienen interés en una independencia verdadera. O no tienen de verdad interés en la independencia. Lo que quieren es obtener beneficios asustando a los timoratos patriotas españolistas que al parecer creen que España es "una unidad de destino en lo universal". En ese sentido, la transición autonómica será lo mismo que la española: una simple transacción para beneficiar a los mismos de siempre.

Cinco datos que no hay que olvidar sobre el caso Blesa

Ni Caja Madrid era una caja más ni Miguel Blesa es un banquero más. El amigo íntimo de Aznar, de nula experiencia financiera, nos dejó en herencia la quiebra financiera del país. No hay nadie en España que no sea afectado directo de lo que pasó en Caja Madrid. 
eldiario.es

1. Caja Madrid no era una caja más. Fue la primera de las siete novias agrupadas en Bankia, una boda que terminó en funeral. De herencia nos dejó el mayor agujero de la historia financiera española: un pufo de 22.000 millones de euros que provocó el rescate y la intervención de la troika. No hay un solo español –no sólo los de las preferentes– que no sea afectado directo de esta quiebra. Todos los ciudadanos, nuestros hijos, nuestros nietos, pagarán durante años por lo que allí sucedió.
2. Miguel Blesa tampoco es un banquero más. Su primer contacto con el sector financiero fue en septiembre de 1996, cuando llegó al consejo de Caja Madrid. Sólo dos meses después, ya estaba preparado para presidir la tercera entidad financiera del país, un sillón que ocupó durante casi 13 años. ¿Su única cualidad conocida para el puesto? ¿La mejor línea de su currículum? Ser amigo íntimo y leal del presidente del Gobierno José María Aznar.
3. Los emails de Blesa desde su buzón corporativo de Caja Madrid no son unos correos más. Son las pruebas que permitieron al juez Elpidio José Silva enviar a la cárcel al banquero, con razón. En ellos queda claro que la quiebra de esa caja con tres siglos de historia no fue culpa de una azarosa casualidad, sino que tuvo mucho que ver con su desastrosa dirección. Miguel Blesa gestionaba este banco casi público como si fuese un chiringuito de su propiedad. Repartía favores, créditos y enchufes con absoluta arbitrariedad. Un día era su sobrina, otro era el exministro José Barrionuevo, el siguiente era el hermano de Pío García Escudero, o Esperanza Aguirre, o José María Aznar.
4. Las conversaciones de Blesa con sus cuates son el mejor ejemplo del capitalismo de amiguetes que ha hundido a este país. Los correos explican cómo funciona el poder de la España cañí y dejan en evidencia la hipocresía de esos "liberales" que critican las "mamandurrias", hablan de "meritocracia" y dan lecciones de moral a los demás, mientras exprimen los recursos públicos para su uso y disfrute personal. La derecha española queda retratada, pero la izquierda también: vendida a cambio de un plato de consejo y una tarjeta de crédito "black".
5. Lo ocurrido en Caja Madrid no fue sólo feo, negligente o inmoral; va mucho más allá. Las tarjetas de crédito "black a efectos fiscales" y los generosos sueldos con los que Blesa premiaba a los dóciles consejeros en la caja del PSOE, de IU o de CCOO apuntan a varios delitos económicos. Las gestiones de algunos políticos ante Blesa entran de lleno en el terreno del tráfico de influencias. Las preferentes de las que tanto se alegraba Blesa van a ser juzgadas como estafa. Los créditos a dedo podrían violar las normativas bancarias y las compras negligentes –o los créditos al consejero Díaz Ferrán– son serios indicios de delitos societarios de extrema gravedad.
Por mucho que lo diga la Audiencia Provincial de Madrid o el fiscal, estos correos no afectan a "la intimidad" de Miguel Blesa, sino que justifican más que de sobra la reapertura inminente de esta investigación judicial. Es urgente, por salud democrática; porque no hacerlo es dar por buena la injusticia, el abuso de poder y la impunidad.

El enorme deterioro del mercado de trabajo en España (incluso peor en Catalunya)

16 dic 2013
  Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
Uno de los hechos que ha impactado más negativamente el bienestar y calidad de vida de los españoles ha sido el gran deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores, resultado, en parte, de las distintas intervenciones públicas, incluyendo las masivas reformas laborales, llevadas a cabo por el gobierno del PSOE primero y por el gobierno del PP más tarde, reformas que se hicieron con el apoyo de Convergència i Unió, la derecha catalana que ha desarrollado las mismas políticas públicas cuando ha estado gobernando en Catalunya durante estos últimos años. El objetivo teórico de estas reformas era flexibilizar el mercado de trabajo a fin de crear empleo y disminuir el desempleo. Dicho objetivo, sin embargo, carecía de credibilidad desde el principio, puesto que podía fácilmente predecirse que destruiría empleo en lugar de crearlo (como ya varios analistas adelantamos). Y los datos, por desgracia, nos han dado la razón. Veámoslo.
Analicemos primero los últimos datos del Eurostat (la agencia de recogida de datos de la Unión Europea), comparando España con el promedio de la Unión Europea de los Quince (UE-15), que es el grupo de países de mayor desarrollo económico en la UE, entre los cuales está España. Tales datos muestran claramente el fracaso de dichas políticas en la creación de empleo. En realidad, las características del mercado de trabajo muestran un muy marcado descenso de la población ocupada, es decir, la población que trabaja, lo cual es importante subrayar, pues España (incluyendo Catalunya) ya eran países con baja ocupación. En España y en Catalunya se producen pocos puestos de trabajo. En 2012, por ejemplo, el porcentaje de la población adulta trabajando (de 15 a 64 años) en España y en Catalunya era del 55,4% y el 59,5% respectivamente (comparados con el 65,2% en el promedio de la UE-15 y el 73,8% en Suecia). Y estos bajos porcentajes han ido disminuyendo con las sucesivas reformas laborales, desde que la crisis se inició en 2007 (en cuyo momento los porcentajes eran 65,6% y 71% respectivamente). Este bajón en España ha sido más acentuado entre los hombres, pasando de 76,2% en 2007 a 60,2% en 2012, que entre las mujeres, de 54,7% a 50,6% durante el mismo periodo, aunque el porcentaje de mujeres ocupadas en el mercado de trabajo ha sido siempre menor (50,6%) que el de los hombres (60,2%).
Ello refleja la gran destrucción y la escasa producción de puestos de trabajo, consecuencia, en gran parte, de las citadas reformas laborales. Es importante señalar que en otros países, con mercados laborales altamente regulados, como Suecia, la tasa de ocupación (73,8%) es mucho más alta que la de España (55,4%), y ha bajado mucho menos que en España (de 74,2% en 2007 a 73,8% en 2012) durante los años de la crisis. Una consecuencia de esta situación es que el desempleo ha crecido mucho más rápidamente en España (del 8,3% en 2007 al 25% en 2012) que en Suecia (del 6,1% al 8%), pues hay muchos menos puestos de trabajo disponibles en España que en Suecia, desempleo que alcanzó niveles intensos entre los jóvenes (15-24 años, 53,2%).
Estos datos cuestionan el constante argumento aducido por autores neoliberales, que constantemente se refieren a una supuesta rigidez del mercado de trabajo (es decir, a excesivas dificultades de los empresarios en poder despedir a sus trabajadores) en España, hablando de la excesiva seguridad de los “insiders”, los que tienen contrato fijo, versus los “outsiders”, que tienen contratos temporales. En realidad, España es uno de los países que tienen un porcentaje menor de contratos fijos, siendo a la vez uno de los países que tiene menos gente trabajando y con mayor desempleo. Las tesis del profesor Juan José Dolado, máximo exponente de esta teoría, así como las de los economistas de FEDEA, no son sostenibles en base a los datos. Si las regulaciones del mercado de trabajo son el problema, ¿cómo es entonces que algunos de los países más regulados tienen mayor ocupación y menos desempleo?
Las causas de la menor ocupación y el mayor desempleo en España
El problema no es la supuesta (e inexistente) rigidez del mercado de trabajo, sino la escasa actividad económica y producción de empleo. Si miramos el porcentaje de la población ocupada en tiempos normales (no en crisis), vemos que el porcentaje de hombres trabajando es más cercano al promedio de la UE-15 (74,1% UE-15 versus 73,5% España). Es ahí donde, por cierto, se concentran más los contratos fijos. Su deterioro muestra que ello no impide que haya bajado más rápidamente que el de las mujeres. Donde hay menos personas ocupadas es entre las mujeres, con un porcentaje menor (60,1% UE-15 versus 54,9% España). Y ahí reside una de las causas de que haya poca gente (sobre todo mujeres) trabajando, realidad que continúa siendo ignorada por una cultura económica machista que no es capaz de ver lo que los datos le muestran de una manera evidente y clara. Se necesita facilitar la integración de la mujer en el mercado de trabajo mediante una red de servicios que facilite dicha integración, tales como escuelas de infancia y servicios domiciliarios que permitan compaginar las tareas familiares con las tareas profesionales, además de cambiar la actitud del hombre para que se sienta corresponsable de las tareas familiares. De ahí salió el famoso cuarto pilar del bienestar que yo sugerí al gobierno socialista, y que hizo más tarde fortuna, aun cuando se recortó, limitándose a los servicios de dependencia.
Estas medidas representan una gran inversión para generar empleo, pues la integración de la mujer genera la necesidad de crear nuevos puestos de trabajo (para realizar las tareas que la mujer realiza en el hogar cuando es ama de casa). Pero dicha incorporación, como la de cualquier nuevo trabajador, crea la necesidad de otros trabajadores, pues al aumentar el consumo aumenta también la actividad económica. Y es ahí donde hay que buscar las raíces del problema: el escaso desarrollo de los servicios públicos del Estado del Bienestar, sanidad, servicios sociales, vivienda social, servicios que la mentalidad machista de la cultura económica ve como mero consumo, cuando son en realidad una enorme y beneficiosa inversión, pues crean empleo. Si España, en lugar de tener solo una persona adulta por cada diez, tuviera alrededor de una de cada cuatro trabajando en estos servicios, como es el caso de Suecia, España tendría unos 3,5 millones más de puestos de trabajo, anulando una parte muy importante del desempleo. Ahí está el problema.
Ahora bien, para que este aumento del número de trabajadores tenga incluso mayor impacto estimulante en la economía, tiene que reducirse la gran diferencia salarial entre mujeres y hombres. En cuanto a las políticas actuales referentes a la juventud, es obvio que estas son insensibles a facilitar la articulación del joven en el mercado de trabajo, haciendo mayor hincapié en la educación universitaria que en la formación profesional, a la cual se la considera como destinataria para jóvenes “sin la calidad intelectual para ser universitarios”, una percepción clasista que está dañando no solo a la juventud, sino a toda la sociedad. La mezcla de clasismo (discriminación de clase social) y machismo (discriminación a la mujer) conduce a políticas públicas ineficaces y contrarias al bienestar de la mayoría de la población.
De ahí la necesidad de cambios profundos (casi de 180º) respecto a las políticas que se están realizando hoy en las Cortes Españolas y en el Parlament de Catalunya. Todo esto no ocurrirá a no ser que haya un reforzamiento de los sindicatos además de una gran agitación social. En realidad, el objetivo de las reformas laborales ha sido debilitar a los sindicatos y bajar los salarios, lo cual se ha conseguido, retrasando considerablemente el estímulo económico y dañando la calidad de vida de la mayoría de la ciudadanía. Mientras, las derechas españolas y las derechas catalanas (cuyas políticas están causando el enorme deterioro del mercado de trabajo) están agitando las banderas, intentando sustituir el tema social por el tema nacional.

divendres, 13 de desembre del 2013

¿Ser español es ser delincuente?

12 dic 2013 Público.es
  
Las leyes, además de normas que deben cumplirse, suponen un modo de definir a los habitantes de una sociedad. Cuando los poderes legislativo y ejecutivo representan a los ciudadanos, las leyes son un testimonio de lo que ellos piensan de sí mismos. Cuando se quiebra la soberanía popular, la legislación sirve para saber lo que el poder opina o sospecha de sus súbditos.
No hacen falta, por ejemplo, leyes sobre la capacidad natural para volar o nadar bajo el agua porque los españoles no somos todavía pájaros o peces. Digo todavía por mera prudencia después de lo que hemos visto. Bastará que una empresa afín al Gobierno ponga en marcha el negocio de la implantación de alas o aletas en la espalda de los ciudadanos para justificar la aprobación de normas que regulen al español pájaro o al español pez. Y quien no quiera ser un gorrión o una sardina correrá el peligro de que el señor ministro de Hacienda lo acuse en la tribuna del Congreso de no estar al día en sus impuestos.
Si analizamos los debates jurídicos que más repercusión han alcanzado en los últimos tiempos, podemos comprobar con facilidad que este Gobierno considera a los españoles gente destinada al paro y a la delincuencia. Son dos preguntas íntimas muy razonables: ¿ser español supone una condena al paro?, ¿ser español significa ser delincuente? No comprendo la escandalera levantada por el congreso titulado España contra Catalunya, porque en realidad es el Gobierno de España el que peor opinión tiene sobre los españoles y su desgraciada y triste nación.
Para reformar o aprobar una nueva ley resulta muy útil crear un estado de ánimo, una visión sobre la realidad, casi siempre basada en el miedo. Los primeros años de esta crisis económica, además de una situación social, significaron una gran campaña publicitaria, es decir, una manera interesada de interpretar y divulgar la situación. Se extendió la idea de la catástrofe para justificar el espíritu de sacrificio entre las víctimas y para colocar medidas ideológicas destinadas a liquidar los derechos de los trabajadores. La oligarquía económica consiguió así rebajar salarios, facilitar el despido y deteriorar los derechos laborales. El hundimiento del consumo aceleró el desempleo. Como no hay realidad que esté a salvo de la manipulación, los ciudadanos españoles fueron tratados como perdices en temporada de caza o como ovejas en el matadero, para crear las condiciones que exigían los bancos y las multinacionales.
El deterioro social suele crear mareas de protesta en un país democrático. Incómodo con la libertad, el poder tiende a convertir la protesta política y social en una cuestión de orden público. De ahí que empiece a tratar a los ciudadanos como si fuesen delincuentes peligrosos. La sentencia del Tribunal de Derechos Humanos contra la Doctrina Parot ha supuesto un espaldarazo para la campaña mediática que podemos llamar con todo derecho la delincuencia del ser español. Alguien se encargó de llamar a las cámaras para convertir en noticia escandalosa a cada preso que salía de la cárcel una vez cumplida su condena. Se destrozó el ideal de la reinserción y se  utilizó un número más que mínimo de la población con el deseo de generalizar el miedo: España se estaba llenando de asesinos y violadores sueltos. Fue como echar leña al fuego, porque la programación de la telebasura, que se confunde ya con la información, llena los horarios familiares con tertulias sobre crímenes, padres que matan a sus hijas o tiburones y águilas que despedazan a los niños en las puertas de los colegios. Lo que sólo es un acontecimiento muy particular  un país de millones de habitantes se transforma no ya en una noticia oportuna, sino en el asunto que caracteriza a toda una nación.
Esta voluntad de catástrofe justifica la mano dura que hace falta para darle a la protesta política una consideración de orden o desorden público. Surgen así las leyes mordaza, las multas desmedidas sin pasar por la justicia y las constantes degradaciones democráticas del código penal. Se puede también privatizar todavía más los servicios públicos para favorecer el negocio de particulares afines. Las empresas privadas de seguridad asumen responsabilidades que antes eran sólo competencia del Estado. Todo necesario, alarmantemente necesario, porque España está llena de criminales.
Lo dicho: ser español es ser un delincuente en potencia. No se trata de la conclusión del congreso España contra Catalunya, sino la idea que este Gobierno tiene de sus ciudadanos.

dijous, 12 de desembre del 2013

Lo que no hay que olvidar de la represión

Opinión: Marià de Delàs

público 12/12/13

 
Periodista
Acción política sistemática, discreta y disciplinada, "manifestaciones", que salvo en circunstancias excepcionales no eran más que frenéticos "saltos", breves marchas de unos minutos de duración, los que tardaba la policía en llegar; las citas previas que sólo se facilitaban a personas de confianza; citas de seguridad para comprobar si alguien había "caído" en las carreras con la policía detrás, "vietnamitas" para confeccionar octavillas, ciclostiles conseguidos para imprentas clandestinas, reuniones en casas desconocidas, en iglesias, escuelas, centros regionales o excursionistas; "nombres de guerra" para la protección mutua entre compañeros frente a interrogatorios implacables, coartadas y tapaderas para ocultar actividades reivindicativas, documentaciones "limpias" para conseguir domicilios seguros, huidas al extranjero por la montaña o con papeles falsos, años de exilio, de precauciones de todo tipo y mucho miedo.
Hubo un tiempo, muy largo, en el que se trabajó de esta manera, casi siempre desde el anonimato y arriesgando mucho, con la esperanza siempre puesta en la conquista de las libertades.
Ocasionalmente el mundo de la cultura y de la enseñanza brindaba espacios de expresión más o menos anchos o estrechos, según se mire, para el rechazo de la sinrazón represiva, pero cualquier error de cálculo sobre la tolerancia del aparato de represión se pagaba muy caro.
Una simple distribución de panfletos o la pura actividad asociativa, si eran "ilegales", se castigaban con años de cárcel. 
La crueldad de los vencedores de la guerra civil española había aterrorizado a la población. La desaparición forzada y muerte de decenas de miles de personas justas, la cárcel, la tortura, la miseria... habían hecho que el miedo calara en lo más hondo de las conciencias.
Miedo. Ese sentimiento que, como decía José Luis Sampedro, es más poderoso que cualquier otro, "más fuerte que el altruismo, que la verdad, que el amor...". Los que lo infunden y sus herederos intentaron e intentan transmitir esa angustia de generación en generación. Inseguridad y miedo tremendo a la pobreza, la represión, la detención, la paliza, el despido, el paro, la multa... Desasosiego frente al avasallador, se llamara como se llamara, señorito, patrón, jefe, militar, policía, magistrado...
Pero en ese ambiente miles y miles de jóvenes y no tan jóvenes decidieron romper el  "maleficio". Se organizaron y desafiaron a la dictadura en fábricas, barrios, universidades, escuelas, escenarios... Lo hicieron torpemente en muchos casos, pero su protesta demostró que era posible alzar la voz contra la dictadura y acabar con ella.
La ciudadanía reivindicó sus derechos elementales, exigió democracia y el índice de temor a los poderosos bajó significativamente. Los herederos legítimos del franquismo, todavía nerviosos cuando se les dice que lo son, se sienten cada vez menos obligados a disimular su desprecio por las garantías democráticas y por la dignidad de sus conciudadanos.  
Cargan contra el ejercicio de los derechos de huelga, expresión y manifestación como no se había visto desde hace mucho tiempo.
"No consentiremos que España quede en manos de quienes protestan y no proponen nada", dijo Maria Dolores Cospedal en ese tono agrio que la caracteriza.
Jorge Fernández Díaz prevé que se considere infracción grave de la legalidad la participación en manifestaciones en las que se lleven pancartas o griten "consignas claramente ofensivas o vejatorias contra España".
Esas palabras de la secretaria general del PP y del titular de la cartera de Interior son algo más que lindas ocurrencias de gentes de "casa buena" y de derechas de toda la vida. Para desgracia de los demócratas, esas declaraciones forman parte de una concepción del "orden público" propia de regímenes autoritarios, por decirlo suave.
El proyecto de ley de Seguridad Ciudadana preparado por Fernández Díaz y su equipo contiene un catálogo de restricciones inéditas de las libertades de manifestación y expresión, la creación de un fichero para registrar a los infractores de las nuevas normas y el empobrecimiento severo mediante multas de todo aquel que se atreva a ignorarlas. Si a todo ello añadimos una ampliación del margen de actuación discrecional de la policía para administrar el "uso de la fuerza" nos encontraremos ante un escenario distinto para la manifestación del descontento ciudadano y la reivindicación de mejoras.
La llamada sociedad de la información ha transformado y transforma incesantemente la comunicación pública, los cauces de convocatoria y los métodos de movilización. Los activistas más hábiles se reciclan y de nada servirían, seguro, procedimientos de otros tiempos, de antiguas organizaciones, que fueron muchas y algunas de ellas de enorme peso social. Por ellas pasaron miles y miles de personas, algunas hoy apoltronadas, deliberadamente  desmemoriadas, que ocultan con vergüenza sus veleidades juveniles. La nostalgia es casi siempre perniciosa, pero sí conviene rescatar de la memoria aquellos años, porque la historia está llena de enseñanzas no conviene olvidar sobre la naturaleza de la represión.

dimarts, 3 de desembre del 2013

Piden cárcel para Sánchez Galán y sus 13 consejeros de Iberdrola

Corrupción Economía — 04 septiembre 2013 
















El catedrático de Economía, Roberto Centento, ha pedido esta semana el “procesamiento” y “cárcel” para Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, y sus 13 consejeros, muchos de ellos ex-políticos, por autoasignarse un sueldo 30 veces mayor que sus homólogos en Japón y 5 veces más alto que en Alemania. Para ello, los citados directivos han tomado parte en la subida de un 323% en la tarifa de la luz con el apoyo de diferentes Gobiernos, lo cual ha llevado a la ruina a numerosas pequeñas y medianas empresas españolas y a la pobreza a millones de familias. 














Angel Acebes, ex número 3 del PP y hoy en Iberdrola


“Esto es simplemente de cárcel: los responsables de esta iniquidad contraria a los intereses más elementales de España y de los españoles deben ser destituidos y procesados”, ha escrito Centeno. Su análisis es concluyente: “El beneficio de las empresas en el mismo periodo ha sido de 42.000 millones y las remuneraciones de los directivos son las más altas del mundo occidental, a pesar de que los accionistas han perdido hasta la camisa”. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, “es el mejor pagado del mundo occidental y oriental, gana cinco veces más que, por ejemplo, el de la gran eléctrica alemana E.On; y ¿saben cuánto gana el presidente de la tercera eléctrica japonesa (mucho mayor que Iberdrola)?: 250.000 euros. Sí, han leído bien ¡30 veces menos!”.
  













Felipe González y Aznar hoy comparten intereses como directivos energéticos


El abuso es descrito en estos términos por este catedrático especializado en la industria energética: “Los consejeros, lo mismo, casi un millón de euros anuales por dos horas de presencia (que no de trabajo) al mes los no ejecutivos, y lo que es un escándalo que no sería tolerado en ningún otro país: son los grandes políticos que presuntamente favorecieron a las compañías. Felipe González en Gas Natural; Pedro Solbes en Enel, a quien entregó la mayor eléctrica de España; Elena Salgado en una filial de Endesa y Aznar, que es asesor (de esta compañia) por sus conocimientos del sector eléctrico mundialmente reconocidos y de gestión, como demostraría metiéndonos en el euro sin molestarse en hacer ni el más mísero análisis sobre tan trascendental decisión”. 
  













Pedro Solbes y Elena Salgado, ex ministros de Economía del PSOE y hoy en las eléctricas


Aunque ningún partido político de los 10 que componen el Congreso de los Diputados ha pedido nunca este procesamiento, son numerosas las voces que desde la sociedad civil reclaman penas de cárcel y esa investigación de la Fiscalía Anticorrupción para esos consejeros y directivos que, junto  a Ignacio Sánchez Galán, han tomado las decisiones. Sus nombres son conocidos en el ambiente político-financiero madrileño: son el banquero valenciano de 70 años Julio de Miguel (Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja, de Banco de Valencia y Banco de Murcia), el banquero salmantino de 72 años Sebastián Battaner (Caja Duero), el banquero vasco de 67 años y ex presidente de Iberia, Xabier de Irala (Kutxabank),  el “delfín” de la familia Oriol, ya con 50 años, Iñigo Víctor de Oriol Ibarra y la profesora vasca pero con residencia en Barcelona, Inés Macho Stadler. 
  
  










El banquero socialista andaluz Braulio Medel


Por último, el banquero socialista andaluz Braulio Medel (Unicaja), la consultora escocesa Samantha Barber, la heredera del multimillonario burgalés José Antolín Toledano (Grupo Antolín), María Helena Antolín, familia que se hizo rica con los recambios de automóviles, el abogado gallego Santiago Martínez Lage, el ingeniero vasco cercano al PNV, José Luis San Pedro Guerenabarrena, el ex dirigente del PP, Ángel Acebes, el joven banquero madrileño Manuel Lagares Gómez-Abascal (BFA) y la política y banquera mexicana Georgina Kessel Martínez. 

Los directivos de Iberdrola que han tomado la decisión de la meteórica subida de la luz a costa del contribuyente y para los que se solicita también el procesamiento son José Luis San Pedro, consejero y director general, Julián Martínez-Simancas, secretario general del consejo, José Sáinz Armada, director económico-financiero, el ex político del PP, Fernando Becker, director de recursos corporativos, Juan Carlos Rebollo, director de administración y control, Javier Villalba, director del negocio de redes del grupo, Francisco Martínez Córcoles, director del negocio liberalizado del grupo y Xabier Viteri, director de energías renovables. 
















Fernando Becker, ex dirigente del PP, hoy en Iberdrola


“Hay que ser muy canalla o estar literalmente vendido a la mafia financiera y oligopolista. Las brutales subidas que se derivan del real decreto son una salvajada desconocida no sólo en Europa, sino en toda nuestra historia industrial” denuncia Centeno. El ministro canarioJosé Manuel Soria, “amigo de Rajoy, no sólo es un irresponsable, sino que es también un analfabeto en los temas de su competencia”. Según los datos facilitados por un empresario austriaco con industrias en Munich, Hungría y Polonia, la energía eléctrica que paga por su casa en Valencia es el doble de cara que en Viena por kwh consumido y la más cara de Europa. “Este expolio sistemático a la sociedad española por parte de un sistema político oligárquico y corrupto, con una sólida red de intereses compartidos con las élites financieras y oligopolistas, hace inviable la salida de la crisis”, afirma Centeno, que concluye: 

“Mentiras, errores de bulto, rectificaciones y todo tipo de disparates, un relato clarificador de que estamos en manos de ineptos y ladrones. En cualquier otro país esto habría llevado a su procesamiento, algo que la Fiscalía Anticorrupción tendría muy fácil”.